Es evidente que durante muchos años en occidente, Latinoamérica incluida, hemos practicado una política equivocada con respecto a los conceptos relacionados con lo social; tal vez el miedo al comunismo nos llevó a evitar tratar el tema en términos formales de desarrollo, progreso económico y participación; lo dejamos como un tema blando tratado por disciplinas blandas lo cual se reflejaba en el accionar de los gobiernos a través de planes sociales que excluían de hecho a grandes sectores de la población los cuales, según esa visión, serían beneficiados a través de la redistribución de los beneficios generados por los sectores formalmente incluidos en esa planificación oficial; era una especie de caridad oficial que servía para ayudar a la gente en situación de pobreza, pero que también la anclaba en su situación de pobreza. Por ejemplo se ha visto que los programas de empleo, no generan empleos realmente sustentables y genuinos sino que incorporan transitoriamente al excluido como excluido.
Si bien el tema que pretendo desarrollar es la contraloría social, la introducción es útil para poner en contexto el cambio de dirección que los gobiernos de los países avanzados dieron años atrás (y por eso son avanzados ahora), y el que nuestros gobiernos latinoamericanos están dando en los últimos tiempos (para tratar de ser avanzados alguna vez).
Se trata de la participación social con criterios de inclusión; esto es diseñar / rediseñar un nuevo tipo de vida en la cual todas las personas de un país tienen derecho a ser considerados en los planes de empleo, salud y educación como palancas de desarrollo futuro. La participación social se convierte así en el único factor de verdadera diferenciación competitiva que puede llegar a tener un país para tener viabilidad en el mercado global.
Se puede ver mas claro si se considera un país de 26 millones de habitantes, cuya sociedad es impulsada por solo 5 millones que mueven las actividades económicas, culturales y de relaciones internas; mientras 21 millones de personas buscan un acomodo (pues formalmente se hace difícil incorporarlas) en esa sociedad.
Cuan diferente es el esquema de 5 arrastrando a 21 que aquel de 26 impulsando un país.
Y allí está la participación social; no en unos planes de unas minorías para incorporar a unas mayorías, sino de unas mayorías impulsando procesos de cambio y asegurándose de que estos cambios ocurran; y que ocurran de una manera armónica que asegure un futuro mejor para todos.
En definitiva la experiencia nos ha mostrado (por eso estamos donde estamos) que cualquier modelo de desarrollo económico que no considere a todos los recursos humanos, carece de sustentabilidad y viabilidad en el tiempo.
Pero hay que estar claros, dedicarse solo a incluir a los excluidos, es excluir del plan a los incluidos. Son formas pendulares que al trabajar sobre un grupo, generan resentimiento en el otro.
Hoy en día se discuten dos posiciones frente a los Planes Sociales:
a)La universalidad: ayuda para todos los ciudadanos (generalmente, la adoptan los países más desarrollados)
b)La focalización: ayuda solo para un grupo. Tiene la desventaja de que existe dificultad para su determinación, y genera clientelismo y discriminación política.
Si bien es cierto que hay una deuda social con los actualmente excluidos, es preferible la posición de la universalidad que la de la focalización; es como cambiar un paradigma y romper con el péndulo.
Los planes sociales son un buen punto de arranque para introducir el concepto de contraloría social, pues quien mejor que la comunidad a la que van dirigidos los planes para darse cuenta si están llegando o no. Se estima que un 60% de la ayuda de los planes sociales va para financiar la estructura de distribución del gasto (sueldos y burocracia pública), mientras que solo un 40% llega como ayuda efectiva; de allí la gran oportunidad de las misiones que funcionan como una estructura paraestatal sin el peso de la burocracia estatal. Claro que hay que estar atentos pues los sistemas tradicionales de control no tienen aun la experiencia para operar en ese ambiente, y de allí la importancia de la contraloría social.
La base del concepto participativo es que los planes se construyen conjuntamente con la comunidad, para la comunidad. Y la comunidad crea los mecanismos para controlar, tanto los planes, como su ejecución. Por ejemplo si hay un proyecto para construir un ambulatorio, la comunidad impactada participa en el diseño, en los pliegos, en la licitación, en la adjudicación, en el avance de la obra, en los desembolsos, en la calidad y precio de los materiales, en la utilización de mano de obra de la zona y en la compra de insumos locales. Y luego de terminado el proyecto, participa en la administración, en la calidad de la atención, en el inventario de medicinas, y en general lo integra a su vida. Incorpora simultáneamente la eficiencia (hacer bien las cosas) y la eficacia (obtener resultados).
Uno podría pensar que es fantasía, pero está ocurriendo, tímidamente, tal vez no en todos los segmentos, ni en forma estructurada, pero está ocurriendo. Y ocurrirá cada vez mas, pues la gente poco a poco va comprendiendo y tomando conciencia de que es la única manera de lograr resultados: tomando responsabilidad.
Además de evidenciarse la capacidad de los funcionarios para ofrecer respuesta a las peticiones sociales, también se evalúa la capacidad de las instituciones públicas en la generación de proyectos que satisfagan las expectativas de la sociedad organizada.
Se persigue fortalecer el cumplimiento de metas, la prevención / anticipación, la adecuación de planes genéricos a situaciones específicas y en general formalizar la coordinación de esfuerzos entre el gobierno y la sociedad. Demás está decir que se fuerza una situación que obliga a una mayor transparencia en la gestión pública la cual debe tener efectos en la lucha contra la corrupción.
En cuanto a la ética, un amigo me decía que 25% de la gente es honesta, ya sea que la estén controlando / vigilando o no; 25 % es deshonesta siempre (estructural) y que el 50% es honesta solo si la están vigilando. El control debe estar dirigido a ese 50% por lo que reforzar el método tradicional adicionándole el control social, nos va a ayudar a lograr un 75% duro de gente honesta.
Para el sector público también es un cambio, pues debe acostumbrarse a ser controlado por sus clientes, cuando estaba acostumbrado solo a los controles institucionales los cuales, de la manera que están diseñados, han probado muy bajos niveles de eficacia. Están mas orientados a la legalidad y cumplimiento de eventos del pasado, que a la calidad de eventos por venir. De hecho una de las maneras de impulsar transformaciones para agilizar y dinamizar los procesos de control formales (interno / externo) es la presión de la contraloría social.
Por supuesto, no puede esperarse que la contraloría social sea un movimiento espontáneo (aunque algunos elementos de espontaneidad ya surgen en las sociedades latinoamericanas, a fuerza de tanto desengaño). Debe verse en el contexto de un marco jurídico que lo habilita y una inercia que lo inhibe. El Estado tiene el deber de concientizar y nivelar a la sociedad para que sea capaz de desarrollar los mecanismos; deben crearse presupuestos para impulsar la participación ciudadana (el control nunca ha sido ni gratis, ni barato).
La contraloría social no es un hecho abstracto que solo existe en las declaraciones políticas. Es un sistema orientado a lograr ciertas metas en el corto, mediano y largo plazo, las cuales requieren, además de recursos y presupuestos, la generación de indicadores para asegurar su efectividad.
En el ejemplo del ambulatorio, debería haber una taquilla de contraloría social (física y virtual) a la cual pueda acudir la comunidad para revisar presupuestos, pagos, contratos, contrataciones, y para poder denunciar aquello que deba ser corregido, o anticipado para evitar que ocurra.
Esto me lleva al concepto de la denuncia como oportunidad de identificar, solucionar y anticipar problemas. Desarrollar estrategias efectivas para resolverlas, investigar sus causas y mejorar el servicio. Desarrollar habilidades para el efectivo contacto con la comunidad / cliente, procurando la excelencia en su atención y satisfacción. Incorporar estrategias y técnicas para el efectivo manejo de las objeciones y el tratamiento de las denuncias; tratar de que no se repita el mismo tipo de denuncia, sino que cada una dispare mecanismos de corrección, ajuste y solución.
El manejo de las expectativas es muy importante pues puede llevar a innovar y detectar oportunidades únicas de desarrollo de mejoras. Para eso se debe optimizar y controlar el proceso en las taquillas de contraloría social (call center? site de Internet? atención personalizada?), formalizando y agilizando el sistema de denuncias.
La contraloría social es una herramienta de habilitación de procesos descentralizados y desestatizados, preferiblemente en manos de ONG´s con la capacidad logística para hacerlo. El Estado funcionando como iniciador de los procesos, y tomando esa experiencia para desarrollar mecanismos de regulación y control apoyados por la contraloría social.
En definitiva, en un mundo altamente competitivo en el cual el 90% del comercio mundial se desenvuelve entre los países desarrollados, no tenemos más remedio que seguir (más temprano que tarde) las tendencias mundiales de inclusión y manejo de la pobreza para incorporar a todo el país en la tarea de hacernos una vida mejor.
Los mercados mundiales nos van a recibir como actores participantes solo cuando seamos capaces de presentar una oferta humana sólida y consistente. Creo que estamos dando algunos pasos, pero hay que dar muchos mas….y no tenemos mucho tiempo por aquello de la “brecha que se agiganta”.
La participación ciudadana (mas allá de la participación política) será el mejor estímulo para lograr que Gobierno y ciudadanía trabajen conjuntamente en identificar / ajustar un sentido de dirección común y ponerse a trabajar juntos. La contraloría social es solo un eslabón de la cadena que nos debe conducir una mejor manera de vivir en sociedad….en la sociedad mundial.
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