Está claro que en nuestro país se presentan desequilibrios importantes en cuanto a la distribución del bienestar, y que los caminos que se han intentado hasta ahora para corregirlos no han sido exitosos en cuanto a resultados, pues actualmente la clase D es el 23% y la E el 58% de nuestra población, para un total de veintiún millones de personas en situación de exclusión de los procesos económicos.
El modelo actual debe cambiar para lograr la inserción de una capa tan fuerte de nuestra sociedad. Y debe producir los menores traumas posibles mientras logra nuevas relaciones de equilibrio productivo. Por eso es necesario un proceso de transformación que vaya más allá de lo económico y cubra aspectos culturales y sociales que sirvan para realimentar lo económico.
El cambio necesario solo será exitoso si propone un futuro mejor, y si muestra los pasos necesarios para lograrlo; de otra forma la sociedad en su conjunto buscará otro camino para satisfacer las necesidades de un país que se busca a sí mismo y explora todas las posibilidades para encontrarse.
La idea es potenciar las fuerzas internas, combinando la inercia económica capitalista con principios de economía social para disminuir las barreras a la entrada (inclusión) de aquellas franjas de la sociedad, las cuales, por efectos del mismo modelo no tenían posibilidades de acceso a los procesos de agregación de valor.
La migración hacia modelos de alta inclusión social pasa por la comprensión por parte de los empresarios y gerentes de que no hay empresas viables en entornos de pobreza. Y pasa también por el reconocimiento por parte de los gobiernos de que ellos por si solos no serán capaces de sacar de la pobreza a los pobres. Podrán darles algunos beneficios, pero seguirán siendo pobres.
Debe lograrse el trabajo conjunto de las empresas como actores sociales y ciudadanos corporativos, y de los gobiernos (nacional, estadal y municipal) para crear condiciones para el desarrollo económico que aterricen en más oportunidades de empleo como única forma digna de progreso.
Como actores relevantes, las empresas deberán revisar sus modelos de negocio para, por una parte, garantizar su propia supervivencia y mantener o mejorar su posición competitiva y sus mercados, y por la otra incorporar a los procesos económicos y generadores de riqueza a grandes contingentes de recursos humanos que aun están sin participar.
Así como los empresarios deben asumir su cuota de compromiso en las estrategias inclusivas, los trabajadores y los sindicatos deben estar dispuestos a asumir la corresponsabilidad en la incorporación de esos nuevos grupos de personas. Hay que hacer énfasis en empleo que hoy no existe, versus los análisis que consideran el empleo existente.
Para el éxito del proceso de cambio hay que impulsar la neutralidad política, religiosa e ideológica y concentrarse en la profundización y ampliación de mercados y en la agregación de valor en un entorno social dinámico; los conceptos de rentabilidad y responsabilidad social cambian y se hacen más amplios y de mayor impacto.
El trabajo compartido entre empresarios y gobiernos debe identificar las características de las comunidades y sus potencialidades geográficas, de conocimiento y capacitación, de apoyo financiero, y de ventajas comparativas -y como convertirlas en competitivas- en un ambiente inclusivo de amplia participación social.
El enfoque requiere que todos los actores con competencia en la toma de decisiones tengan un entendimiento común de qué es lo que se quiere lograr; dónde están ahora con respecto al logro esperado; y qué deben hacer para cerrar la brecha entre las expectativas y los logros.
Probar un nuevo camino es necesario; hacerlo bien es mandatorio.
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